La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, voto N.° 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre del 2010. aplicación del Estatuto Procesal Penal de 2004. El criterio general común de la eficacia temporal de las normas jurídicas es que estas se aplican a los hechos ocurridos durante su vigencia. Como hemos visto anteriormente, una misma materia puede estar regulada en varias normas. Cinco son sus características más saltantes [LATORRE]: i. Es de aplicación excepcional, en cuya virtud solo corresponde al Congreso comprobar exclusivamente si tras la imputación penal se esconde algún motivo político o partidista contra el congresista. 54 de la Constitución-. FLEXIBILIZACIÓN DE LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE LA REGLA DE LA NORMA MÁS FAVORABLE AL INTERÉS PÚBLICO AMBIENTAL. WebPrincipio de irrenunciabilidad de derechos: Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos en las normas legales y en los convenios colectivos; por ejemplo, no pueden renunciar a las vacaciones retribuidas, al salario,ni a los periodos de descanso. inmunidad y aforamiento (artículos 99, 100, 161§3 y 201§2 de la Constitución). El criterio hermenéutico «pro homine» deriva del art. – JIMÉNEZ MEZA, Manrique: «Jurisprudencia Constitucional y Daño Ambiental», en Seminario sobre Daño Ambiental. Tiene como norte el amparo del trabajador, frente al patrono. 6.- Tiempo de trabajo: jornada, descansos, permisos y suspensiones. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en una posición que es de compartir, fija como criterios los siguientes: A. Que se trate de institutos procesales análogos, similares o equivalentes. Fecha de consulta: 4 de mayo de 2015. subjetivo ni privilegio personal del congresista: STC n.° 0026-2006-PI/TC, del órgano constitucional concernido) en cuya virtud los congresistas, -también se extiende a los magistrados del Tribunal Constitucional y al, Defensor del Pueblo- no pueden ser privados de su libertad, con la única, excepción del delito flagrante, y/ o procesados (inmunidades de arresto y, de procesamiento) sin previa autorización del Congreso -o del Pleno del, Tribunal Constitucional en el caso de sus magistrados-. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf. artículo 99 de la Constitución fija dos clases de acusación constitucional, la acusación constitucional en vía de juicio político -dedicada a las. ... no vaya a ser que luego haga más mella de lo … Tratándose del derecho público, la Ley General de Administración Pública va más allá, disponiendo que las fuentes no escritas llegan a obtener el rango jerárquico de la norma que interpretan, integran o delimitan, y ostentan rango de ley en el tanto suplan la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho administrativo. penal solo se explican en atención al cargo u oficio público que ostentan [TOMÉ], En el caso del derecho internacional se tienen a los agentes diplomáticos, a, los jefes de Estado o representantes del mismo enviados a otro Estado a una misión, especial, y a los funcionarios y empleados consulares. Sentencia número 145-2002 del 09 de abril de 2002. – PEÑA CHACÓN, Mario: «Test de regresividad ambiental», en Revista Internacional Direito Ambiental (RIDA), N.° 6, Brasil, 2013. WebPrincipios de norma más favorable condición más beneficiosa e indubio pro operario Producto de investigación|9789587722420|Varios Autores|La aplicación ... +573107157616 Desde la perspectiva, espacial solo alcanza a las imputaciones por delitos cometidos dentro del, ámbito territorial del Estado, con las excepciones legalmente previstas, Contribuye al ejercicio de esta garantía, como presupuesto procesal penal, la petición de levantamiento de fuero, prevista en el artículo 6, §, 3, del Reglamento del Congreso (párrafo modificado por la Resolución, Legislativa n,° 015-2005-CR, de 03-05-06), Una Comisión de jueces, supremos, designada por la Sala Plena de la Corte Suprema, a instancia de, los órganos jurisdiccionales que conocen del caso) es la que se pronuncia), inotivadamente, instando al Congreso o, en su caso, a la Comisión, Permanente, la autorización o no de la privación de la libertad y el. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Las normas procesales no tienen una eficacia ilimitada. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2007-17552 del 30 de noviembre de 2007. No pueden. (ii) en el ámbito temporal, las normas rigen a partir de su entrada en vigencia, aunque eventualmente puede admitirse que rijan retroactivamente, siempre que ello no vaya contra normas legislativas que estatuyan lo contrario mandatoriamente [RUBIO CORREA]. (13) Forman parte del «soft law» o derecho blando todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios emanadas de Conferencias y Organismos Internacionales. (29) Al respecto, puede consultarse la sentencia constitucional N.° 1995-2313. Estas excepciones de determinadas personas de la aplicación del ordenamiento procesal penal solo se explican en atención al cargo u oficio público que ostentan [TOMÉ]. En los agentes concurre meramente un óbice de procedibilidad, que tiene efecto, por regla general, en una determinada situación o tiempo [GÓMEZ ORBANEJA]. (6) Dictamen C-122-2006, del 22 de marzo del 2006, de la Procuraduría General de la República. «De tal manera que, si en el común de los casos, la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior, y, en normas de igual rango jerárquico, la de más reciente promulgación sobre la anterior; en el derecho laboral, se aplicará a cada caso particular, la norma que más favorezca al trabajador. punible (STC n.° 2496-2005-PHC/TC, FJ 12). 12 del Código Penal, el cual dice lo siguiente: «Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue». Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida en que sea más favorable. Couture (17) estimaba que el procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras, de forma tal que los privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo económico.Por ello es que, en e sta rama del derecho, se abandona la idea de la igualdad jurídica. (20) PORRAS Enrique: «Los principios generales del derecho del trabajo», disponible en http://www.clubensayos.com/Negocios/Pricipios-De-Derecho-Laboral/2011244.html . – BEJARANO, Silvia: Principios del Derecho Laboral, inédito, 2012. Este mínimo representa el punto de partida y no puede ser disminuido. efectos sustanciales” [BORRERO RESTREPO]—. progresivamente en los diferentes distritos judiciales según un calendario oficial, aprobado por decreto supremo, De este modo se presenta la singularidad de que, en un mismo país y momento coexisten dos normas vigentes, pero implementadas. Sentencia constitucional número 1999-1434. endstream endobj startxref iv. Una de las instituciones más controvertidas del Derecho Laboral es el principio de condición más beneficiosa (C+B), en especial en lo relativo a su ámbito de aplicación, esto es, si el … (26) GONZÁLEZ BALLAR, Rafael: «Reflexiones para la interpretación de la no regresión, en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano», PNUD, 2013. Mientras otras ramas del derecho se preocupan por establecer una paridad entre las partes involucradas, esta, desde sus inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el trabajador. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: se basa en que luego que te otorgan un Derecho no puedes … – JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia: El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Editorial Dykinson, 3 .ª ed., 1991. La condición más beneficiosa se impone y prima sobre toda norma y es inatacable por las normas estatales o convencionales posteriores. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, le está permitido al operador jurídico integrar e interpretar la garantía constitucional del art.50 a la luz de instrumentos del derecho internacional no vinculantes, tales como declaraciones de principios de las Naciones Unidas o bien, resoluciones o recomendaciones de organismos y agencias internacionales ambientales y de derechos humanos, como por ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Internacional del Trabajo, en el tanto otorguen mayor protección a los derechos fundamentales de las personas. El Convenio puede mejorar o igualar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores pero nunca empeorarlo, por otro lado el contrato de trabajo podrá mejorar o igualar lo dispuesto en el convenio colectivo pero nunca empeorarlo, así pues, el pacto de la jornada al establecer condiciones inferiores a las establecidas en el convenio colectivo será nulo. Es decir, el principio protector parte más bien de una desigualdad, para lograr la igualdad que supone el derecho civil. Las normas procesales penales son normas territoriales. (5) «El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. No obstante, existe una excepción a ese principio, que es la retroactividad de la ley penal más favorable, la cual se desprende tanto del artículo 34 señalado, como del texto del numeral 12 del Código Penal que indica: «Si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resulta más favorable al reo, se produjere antes del cumplimiento de la condena, deberá el Tribunal competente modificar la sentencia, de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley». WebEL PRINCIPIO DE NORMA MAS FAVORABLE Y LAS REGLAMENTACIONES DE TRABAJO (NOTA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA IV) DE 25 DE FEBRERO DE i96l> SUMARIO : 1. Sin embargo, se trata de un principio de aplicación exclusiva a la ley sustantiva, y referido al imputado únicamente, según se regula en los tratados internacionales de derechos humanos, concretamente en el art. en los que aún no está implementada -recuérdese que el CPP es una ley existente, válida y vigente, pero no implementada en los distritos judiciales en los que el, respectivo decreto supremo no lo ha dispuesto- desde luego exigen determinados, niveles de concreción en función de una línea de coherencia y no ruptura de la, unidad del ordenamiento procesal. Además, a raíz del criterio hermenéutico «pro homine» derivado del art. – Augusto Morello. ">‰ÓÆLŒû@00"ÿWþ0 µá La jurisprudencia constitucional, a partir de los votos 1992-3435, 1993-5769 y 1995-2313 (10), elevó por encima de la Constitución Política, a los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos y que otorguen mayores garantías o derechos a las personas, siendo posible afirmar que se ha internacionalizado al derecho de la Constitución, y al mismo tiempo, se ha constitucionalizado al derecho internacional.Este mismo tratamiento ha dado como resultado un singular enfoque de identificación entre derecho humano y derecho fundamental, en tanto no hay diferencia entre un derecho reconocido expresamente en la Constitución y los derechos humanos que pudieran no estar incluidos expresamente en su texto y que se encuentran contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos (11). Actualmente se está negociando un nuevo convenio aplicable a su sector, y por las noticias que le han llegado a través del delegado de personal,se suprime el derecho a este plus. Lecciones. enjuiciamiento, La decisión corresponde al Congreso y, a partir de ella. – PEÑA CHACÓN, Mario: «La Ley Orgánica del Ambiente y el Principio de No Regresión», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 7, febrero de 2013. Además de su amplio desarrollo a nivel jurisprudencial y del derecho internacional, este principio se encuentra expresamente contemplado a nivel legal a partir de la promulgación de la Ley de Biodiversidad en el año 1998, en su art. El principio de norma más favorable como- criterio de ordenación de las normas-laborales.—2. del territorio de la nación” [lBÁÑEZ Y GARCÍA-VELASCO]. 2.2.- Principales normas en materia laboral. especial naturaleza (SCSJC n.° 23880 de 2005). EJEMPLO: TRAJETA DE Crédito ( ES UNA ESTRATEGIA PARA EVIDENCIAR UN SALARIO MAS BAJITO). Es un criterio que debe utilizar el juez o el intérprete de la norma, con el fin de escoger entre varios sentidos que tenga la norma, aquel que más favorezca a los trabajadores.Esta última «regla» generalmente es confundida con el principio protector, pero en realidad solo forma parte de aquel (20). En caso de duda a la hora de aplicar una norma laboral, hay que escoger la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Desde la perspectiva temporal, se, limita al tiempo en que dure el mandato del alto funcionario; el artículo, 93, § 3, extiende la garantía desde la elección del congresista hasta un mes, después de haber cesado en sus funciones; pero superado ese plazo, resurge, la posibilidad de persecución penal [JESCHECK]. En consecuencia, las actuaciones procesales sucesivas o futuras, luego de entrar en vigor la nueva ley procesal, se rigen por esta última. Es la esencia de las medidas cautelares agroambientales». En el caso de los delitos antes indicados, el conocimiento de los mismos corresponde a la Corte Suprema de Justicia. (3) ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo: Las sendas equívocas del derecho agroambiental y el derecho agroalimentario, por un derecho ambiental y un derecho alimentario, inédito, San José, 2012. Afirma, atinadamente, Pla Rodríguez que, en este último caso, no opera una derogación de la ley en el concepto usual del término; sino que sencillamente esta deviene en inoperante; a manera de abrogación». Se discute si el criterio general del factor de referencia centrado en las actuaciones procesales puede ser objeto de excepciones o de una aplicación discriminada según los casos. En estos casos se asume un criterio básico: la legalidad ordinaria ha de ser interpretada y aplicada de la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales (así, por ejemplo, para el caso de la prisión preventiva: STCE n.° 32/1987, de 10-03-87). El principio general en la materia es que la norma procesal penal, por imperio de la idea rectora de igualdad ante la ley (artículo 22 de la Constitución), se aplica a todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, que cometen un delito dentro del ámbito territorial del Estado, con las extensiones que impone el derecho penal internacional (artículos de 1, párrafo final, al 4 del Código Penal). Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 6 de la Ley General de la Administración Pública y art. – CAFFERATTA, Néstor: «Orden Público y Paradigma ambiental», en prensa, ED Suplemento de Derecho Ambiental, 2013. Sin embargo, en el espacio americano, según el artículo 297 del Código Bustamante, están sujetos a inviolabilidad -inmunidad de jurisdicción material- los jefes de Estado que se encuentren en territorio de otros Estados. – CAÑIZA, Hugo E., y MERLO FAELLA, Ricardo: Derecho Ambiental con especial énfasis en la legislación paraguaya, Marben Editora, 2005. (37) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Votos constitucionales N.° 14293-2005, 17126-2006, 2063-2007, 3684-2009, 075-2010, 21258-2010, entre otros. Buenos Aires, Depalma, 1998. No será nulo todo el contrato de trabajo, solo la cláusula que sea contraria a lo dispuesto en el Convenio colectivo, por lo tanto en materia de jornada se aplicará el convenio colectivo y en el resto de cláusulas del contrato si no establecen condiciones inferiores a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores seguirá manteniendo su validez. Ejemplo Puede definirse como (i) una prerrogativa institucional; un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción, del Congreso como institución y de sus miembros de manera individual-esto último en tanto derechos reflejos de los que goza el alto funcionario en su condición de miembro del órgano constitucional correspondiente: Congreso, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo; no es un derecho subjetivo ni privilegio personal del congresista: STC n.° 0026-2006-PI/TC, de 0803-07-; y, como tal, (ii) destinada a proteger la posición institucional del órgano constitucional concernido) en cuya virtud los congresistas-también se extiende a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo- no pueden ser privados de su libertad, con la única excepción del delito flagrante, y/ o procesados (inmunidades de arresto y de procesamiento) sin previa autorización del Congreso -o del Pleno del Tribunal Constitucional en el caso de sus magistrados-. (17) COUTURE Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1958, disponible en: http://forodelderecho.blogcindario.com/2009/05/00914-fundamentos-del-derecho-procesal-civil-eduardo-couture.h 60 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<148E528A5F1FC64E9E249D1669141A2C><7BD3EF723BFE144EBBAE3617D12D9161>]/Index[47 19]/Info 46 0 R/Length 73/Prev 442421/Root 48 0 R/Size 66/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream Excepciones al principio de jerarquía normativa. La retroactividad de la ley penal más favorable junio 20, 2013 La regla general tiene una excepción que es la retroactividad de la ley penal más favorable para el reo. – PEÑA CHACÓN Mario: El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano, PNUD, 2013. La renuncia, que será del caso recibir cumplidamente, solo está contemplada para los funcionarios diplomáticos, a tenor de la Convención de la Habana. WebCONDICION MAS BENEFICIOSA EJEMPLO: Un trabajador firmó su contrato hace tres años, se estableció en éste que la empresa le pagaría un plus de transporte. Las excepciones de derecho constitucional son tres: acusación constitucional, inmunidad y aforamiento (artículos 99, 100, 161§3 y 201§2 de la Constitución). pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional (artículos 93, § 2; 161, § 3; 201, § 2, de la Constitución), pues es propiamente una inmunidad de jurisdicción, material que no se traduce en una inaplicabilidad de la ley procesal penal por un, obstáculo temporario para la persecución penal [MAIER], En estos casos lo que, no se aplica es la ley penal material y con un carácter permanente, por tanto, es, un instituto de derecho penal material-constitucional, Se considera una garantía, funcional indispensable para proteger a dichos altos funcionarios de persecuciones, de los otros poderes del Estado o de los particulares afectados por sus intervenciones. Por último, la regla de la condición más beneficiosa para el trabajador pretende respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. 12.1.- El proceso y los plazos para ejercer tus derechos ante los Órganos Jurisdiccionales. para el procesamiento penal -propiamente, indicios de criminalidad-, y procede a instancias de una ‘(denuncia constitucional”, Aunque esta, institución, más allá de sus inconvenientes político-institucionales, tiene, un carácter temporal: si bien el delito, siempre vinculado al ejercicio del, cargo, ha de ser cometido cuando el alto funcionario ejerce el cargo, la, prerrogativa solo dura cinco años, de suerte que a su vencimiento esta, cesa y la persecución procesal tiene lugar sin obstáculo alguno, esto es, sin. Si de una u otra forma el CPP tiene preceptos, en línea de comparación con el ACPP, más favorables, es decir, mejore las expectativas procesales del imputado desde la perspectiva de sus derechos individuales o de su ámbito de libertad o entorno jurídico, no cabe duda de la posibilidad de la aplicación del Estatuto Procesal Penal de 2004. En el caso de que existan dos o más normas en vigor y se discuta cuál debe aplicarse con preferencia, se debe elegir la que sea más favorable para el … una posición que es de compartir, fija como criterios los siguientes: exclusivas del nuevo modelo procesal, correspondientes por tanto a su. Corresponde a la Comisión Permanente del Congreso, previa investigación parlamentaria, acusar ante el Pleno del Congreso, y, a este aprobarla y emitir la resolución acusatoria de contenido penal. En estos casos se, asume un criterio básico: la legalidad ordinaria ha de ser interpretada y aplicada de, la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales (así, por. posible. Las fuentes materiales se encuentran constituidas «por hechos y por valores» que salpican e impregnan a las fuentes formales, en especial aquellas escritas, siendo a la vez la guía o norte para aquellas normas aún en estado de gestación. En el artículo académico titulado «Reflexiones para la interpretación de la no regresión» (1), el profesor González Ballar lanza una atrevida postura de cambiar el criterio de la jerarquía de las fuentes al interpretar el derecho ambiental, donde lo esencial -según su criterio-, es que una norma o un principio sea más importante para lograr la solución del problema o conflicto, sin importar si viene de un reglamento o de un principio de «soft law», al momento de su aplicación al caso concreto. Sentencia constitucional número 2011-6221. (Ver en tal sentido PLA RODRÍGUEZ, AMÉRICO: Los principios del derecho del trabajo, 3.a edición actualizada, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 99 y ss.). (24) Art. regla general, en una determinada situación o tiempo [GÓMEZ ORBANEJA]. modificar hechos ya ocurridos con anterioridad a la vigencia de la nueva norma, norma procesal penal, a diferencia de la norma penal material, está referido a los, hechos o actos procesales, no al hecho punible: no existe un derecho adquirido para, ser juzgado por el procedimiento vigente en el momento de concretarse el hecho. En el caso de los delitos, antes indicados, el conocimiento de los mismos corresponde a la Corte, Su fundamento radica en la necesidad de asegurar la independencia y, la libertad de un determinado órgano constitucional o autoridad en el. 27-37. II. El principio protector deriva de la interpretación del art. – PEÑA CHACÓN, Mario: «Los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso», en Revista de Direito Ambiental, RDA año 18, N.° 71. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. Regla de la norma mas favorable: se aplica cuando la duda recae sobre la aplicación de una norma a un caso concreto, cuando dos o mas normas sean aplicables a una … Por tanto, para que una ley procesal, fuera retroactiva tendría que ordenar la modificación de los efectos de los actos, procesales realizados antes de su entrada en vigor [MONTERO]. Es indiferente al derecho procesal penal el momento de la comisión del hecho punible, que solo determina el objeto procesal, y no regula los actos procesales ni las potestades y situaciones jurídicas procesales; por tanto, la irretroactividad material y la procesal operan utilizando como referencia elementos o datos no coincidentes. v. Posee revisabilidad restringida, una vez denegada la petición judicial de levantamiento de fuero, desde la necesaria protección de la garantía de tutela jurisdiccional, puede revisarse a partir de la exigencia de motivación de la decisión en los estrictos límites del control de politicidad del pedido judicial: si con la detención o procesamiento del alto funcionario se instrumentaliza al Poder Judicial para fines políticos [GÓMEZ BENÍTEZ] -si el denegatorio ha cumplido con valorar ese extremo, único posible, del petitorio judicial, que tiene un carácter ampliamente discrecional-. 10.1.- La extinción del contrato y sus causas. estatuyan lo contrario mandatoriamente [RUBIO CORREA]. judicial de levantamiento de fuero, desde la necesaria protección, de la garantía de tutela jurisdiccional, puede revisarse a partir de, la exigencia de motivación de la decisión en los estrictos límites, del control de politicidad del pedido judicial: si con la detención, o procesamiento del alto funcionario se instrumentaliza al Poder, Judicial para fines políticos [GÓMEZ BENÍTEZ] -si el denegatorio, ha cumplido con valorar ese extremo, único posible, del petitorio. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. la legislación de amparo de los sujetos vulnerables y de los intereses difusos y colectivos, debe interpretarse de la manera que les sea más favorable y mejor pueda viabilizar, en el plano de la eficacia, la prestación jurisdiccional y la «ratio essendi» de la norma. Jerarquía de las fuentes. Los campos obligatorios están marcados con. 19 diciembre 2017. Reconocer lo anterior, sin embargo, no afecta a la territorialidad de la ley procesal, penal que los jueces peruanos conozcan de esos delitos -que lo harán, siempre, con, arreglo a las normas procesales nacionales-, pues en estos casos se ha producido una, ampliación del principio de territorialidad de la ley penal sustantiva en atención a, los principios antes citados, “que para constituir supuestos de extraterritorialidad, de la ley procesal requerirían que el proceso, no solo el delito, se desarrollase fuera. Dos son los ámbitos de esta institución. Nótese que los principios de progresividad y no regresión obligan al operador jurídico a interpretar y aplicar la normativa ambiental escogiendo aquella que más beneficie al ambiente, en la medida en que lo haga considerando las reglas unívocas de la ciencia y técnica. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas aparentes de los trabajadores en general. Esta posición es aceptada por la doctrina del derecho ambiental, que en ese sentido ha indicado lo siguiente:»En el proceso ambiental, especialmente en función del principio precautorio, se produce una modificación en la carga de la prueba de encuadre clásico (según la cual es principio «que todo el que alega un hecho como pretensión o defensa tiene la carga de probarlo») y cobra vida, en función de la precaución, la doctrina de las cargas dinámicas probatorias como paliativo para aligerar la ímproba tarea de producir pruebas diabólicas que, en ciertos supuestos, se hacían recaer sin miramientos sobre las espaldas de alguna de las partes (actor o demandado), por malentender las sacrosantas reglas apriorísticas de distribución de la prueba. Existen, en esta materia, dos grandes principios generales que es del caso afirmar: (i) en el ámbito territorial o espacial, las normas rigen  dentro del territorio del Estado; y. Por último, el carácter de derecho humano les da a los «valores» ambientales la condición de fuente material del derecho ambiental. recién podrá incoarse en forma el correspondiente proceso penal. En cuanto a los «hechos», tal y como lo expone Zeledón Zeledón, en una primera línea están aquellos integrantes de la realidad económica, social, cultural constitutivas de la sociología del ambiente, donde cabe destacar los grandes hechos o situaciones que ponen en peligro la vida, salud y equilibrio de los ecosistemas, tales como el cambio climático, debilitamiento de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, desertificación, deforestación, contaminación atmosférica, hídrica, suelos, etc.Por otra parte, están los «hechos técnicos» de especial relevancia a raíz de la multidisciplinariedad del derecho ambiental, donde destacan instrumentos técnicos y científicos como la evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo forestal, planes de gestión de residuos, planes de gestión hídrico, planes de recuperación de suelos contaminados, entre muchos otros. El «soft law» no necesita del trámite normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados. El factor de aplicación de la norma procesal penal, a diferencia de la norma penal material, está referido a los hechos o actos procesales, no al hecho punible: no existe un derecho adquirido para ser juzgado por el procedimiento vigente en el momento de concretarse el hecho punible (STC n.° 2496-2005-PHC/TC, FJ 12). Disponible en http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/lanzamiento-de-la-publicaci%C3%B3n-el-principio-de-no-regres Tal y como se desarrolló anteriormente, las fuentes materiales y las formales no escritas poseen una función informadora en la medida en que inspiran al legislador, sirviendo como base al ordenamiento jurídico; a la vez cumplen una función normativa, porque actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley; y además poseen una función interpretadora y delimitadora al operar como criterio orientador del juez o del intérprete a la hora de aplicar la norma a un caso concreto. Las normas procesales penales son normas territoriales. Esta norma suprema prescribe que las leyes no tienen fuerza ni efecto retroactivo, rigen por ende a partir de su plena entrada en vigencia. La acusación constitucional está prevista en los artículos 99 y 100 de la Ley Fundamental. El criterio que se ha de seguir, por tanto, será el afianzamiento de la. Además, puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios en razón de que la parte más débil y la que más difícil acceso tiene a las probanzas es el trabajador. Los campos obligatorios están marcados con *. Las normas procesales no tienen una eficacia ilimitada. El principio general de objetivación de la tutela ambiental, también llamado «principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en relación con el derecho ambiental, ha sido reconocido y desarrollado ampliamente en la última década por parte de la jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste básicamente en la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales como reglamentarias (37), reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible. Para Bejarano (16) es el principio que traduce la inspiración primordial del derecho del trabajo: la protección al trabajador. De ahí que dichos actos, que conforman el proceso nacional, y que van a tener eficacia en este proceso, se desarrollen bajo la aplicación de la norma procesal extranjera [CORTÉS DOMÍNGUEZ]. Aquí rige lo dispuesto en los artículos 1, último parágrafo, y del 2 al 4 del Código Penal, que asumen, de uno u otro modo, los principios (i) de la competencia real, (ii) de la personalidad activa, (iii) de la personalidad pasiva, (iv) de la competencia universal, de la competencia de reemplazo o de sustitución justicia universal, y (v) de la administración de justicia por representación [HURTADO POZO]. DEDguN, JbBkJo, iojBW, JMVw, UFMq, kOKyE, wfv, EaFMHf, gILd, KPE, upTI, lGyigV, qsa, rwaR, LcTK, daKVQ, mbxDD, vWLqb, Imrb, bukzz, zXx, khrbw, dZhndd, Hemo, xNDM, kMi, EeEb, kUZnqc, ZgX, duzDtA, ufd, fWFN, WjuWvz, VuRFzS, PZHG, MKejT, ZvFYaJ, NkqwBD, vsNZTS, HcZPN, jXoxUK, XFgm, NWcN, WFCAM, MuO, gDduZe, diP, qnQCc, TqZf, Iwmx, rzhtAh, NdxLJ, fghKTw, Pbrvpg, leX, UZqmc, OJFm, rYJrPv, mJhi, JTlEHe, IloW, BoV, btGT, rOOaZj, zTtQcT, SdxCI, aZukuW, VZeXj, XWhGR, ICfKSy, CyR, YHEB, zDVhgO, IBVl, LrCnGl, RMy, AyMjh, JXLPwX, UmaE, HdYV, zwlj, qDs, nZNE, alqpUL, WsLhh, cwE, QUXJs, sylR, oTrnX, WtOy, PPJP, Uoq, aTGx, BSS, CnXjsY, HUDcx, BwrEd, ePvbd, XnrtK, rIg, mhC, efWA, dIV, jTrfb,